Carta al Director publicada en La Tercera
Recientemente fue publicada en el diario La Tercera la siguiente carta al director, escrita por Nelson Salas Stevens, abogado penalista y socio principal de nuestro estudio, en la cual se analiza el fenómeno de los desafueros parlamentarios y el cambio de estándar en la persecución penal de autoridades públicas en Chile.
Una justicia penal que dejó de distinguir en función del cargo
Señor Director:
Hasta hace no muchos años resultaba extraño y hasta escandaloso ver a una autoridad política enfrentando formalmente a la justicia penal. La investidura del cargo parecía rodeada no solo del fuero legal, sino también de una presunción de rectitud que dificultaba creer que dicha autoridad actuara en forma irregular.
Sin embargo, el reciente desafuero del diputado Joaquín Lavín León, que se suma al de ya cinco diputados desaforados en los últimos dos años, confirma una tendencia que se ha vuelto cada vez más evidente. A ello se debe adicionar un número significativo de alcaldes y exalcaldes formalizados o incluso condenados en el mismo período, entre los que pueden mencionarse, a título ilustrativo, los casos de Torrealba, Jadue, Barriga y Aguilera, entre otros.
Este escenario plantea una pregunta inevitable: ¿estamos frente a autoridades más corruptas que antes o ante una justicia penal que dejó definitivamente de distinguir en función del cargo?
Lo cierto es que la persecución penal en Chile parece operar hoy bajo estándares más homogéneos, en los cuales la calidad de autoridad no constituye un blindaje práctico frente a la investigación criminal ni frente a la eventual imposición de medidas cautelares o condenas.
Desde la perspectiva del derecho penal y procesal penal, ello puede interpretarse como un avance en materia de igualdad ante la ley y fortalecimiento institucional. Sin embargo, también obliga a reforzar el respeto irrestricto a garantías como la presunción de inocencia, el debido proceso y los estándares probatorios exigibles para condenar.
El fuero parlamentario ya no es sinónimo de inmunidad material. La discusión actual no pasa por si se investiga o no a una autoridad, sino por cómo se investiga y bajo qué estándares se juzga.
Nelson Salas Stevens
Abogado Penalista.
Fuente: La Tercera
