Preguntas frecuentes - Delitos Informáticos

¿Qué debo hacer si me acusan de un delito informático en Chile?

Guarde silencio y contacte a un abogado especializado. No manipule sus dispositivos ni borre registros, ya que esto puede ser interpretado como obstrucción o dañar evidencia útil para su defensa técnica.

Conductas contra la integridad, confidencialidad y disponibilidad de sistemas o datos. La Ley 21.459 sanciona el acceso ilícito, interceptación, daño, falsificación, receptación de datos y fraude informático.

El fraude informático mediante manipulación de sistemas, el acceso ilícito a cuentas, la receptación de datos personales provenientes de hackeos previos, y el ataque a la integridad del sistema (sabotaje).

El acceso ilícito simple arriesga de 61 a 540 días de presidio o multa. Si existe ánimo de apoderarse de información o se divulga, las penas suben hasta 3 años de presidio.

Sí, hay delitos que contemplan penas que pueden implicar cumplimiento efectivo, especialmente en delitos como el fraude informático de alto monto (que superen las 400 UTM) o falsificación informática abusando de su oficio. Esta última, pudiendo llegar hasta los 10 años de prisión.

Sigue siendo delito. El Art. 2 de la Ley 21.459 sanciona el mero acceso no autorizado que supere barreras técnicas, independientemente de si se causó un daño posterior a los datos. La ley chilena protege la confidencialidad y la voluntad de exclusión del titular del sistema.

Es fundamental contar con una defensa técnica y efectiva para manejar y cuestionar la evidencia digital compleja. Un especialista entenderá mejor técnicas como el peritaje informático, y la cadena de custodia.

Principalmente evidencia digital, como correos electrónicos, metadatos, registros de navegación y análisis forense y vaciado de dispositivos. La fiscalía puede presentar interceptaciones telefónicas, grabaciones y fotografías autorizadas judicialmente. También son válidas las declaraciones de testigos y los informes de agentes encubiertos en línea que operan en canales cerrados.

Sí. El Ministerio Público puede ordenar la preservación provisoria de datos a proveedores por hasta 180 días y usar agentes encubiertos en línea. Las autoridades pueden realizar interceptaciones de comunicaciones y captar emisiones electromagnéticas de sus dispositivos. Incluso se pueden rastrear transferencias electrónicas y el uso indebido de claves de seguridad.

Sí, mediante la exclusión de prueba obtenida ilegalmente, demostrando falta de dolo (error técnico) o logrando una suspensión condicional del procedimiento si cumple los requisitos legales. También existe el acuerdo reparatorio si la víctima acepta una compensación económica en ciertos delitos patrimoniales. Su defensa puede solicitar además el sobreseimiento definitivo si el hecho no es delito o se demuestra su inocencia.

Debe cambiar todas sus contraseñas y asegurar sus dispositivos de inmediato, y denuncie ante la Brigada del Cibercrimen de la PDI. Es fundamental no borrar ninguna evidencia digital (mensajes, correos o logs) para facilitar la posterior investigación pericial. . También debe contactar a su banco si hay cuentas comprometidas y acudir a las autoridades para realizar la denuncia.

Puede denunciar en cualquier comisaría de Carabineros, cuartel de la PDI (Brigada del Cibercrimen) o directamente en la Fiscalía. Se recomienda la PDI por contar con personal técnico para la fijación de evidencia digital. Es vital entregar un relato detallado de los hechos y proporcionar toda la evidencia digital disponible, como capturas de pantalla o registros de acceso al sistema afectado.

La Ley 21.459 sanciona la receptación y uso de estos datos. Si hay fraude, la misma ley obliga al banco a limitar su responsabilidad si usted da aviso oportuno del hecho.

Bajo la Ley 21.234, el banco debe restituir hasta 35 UF en 5 días hábiles tras el reclamo. Para montos mayores, tiene 7 días adicionales para restituir o demandar ante el Juzgado de Policía Local. También puede solicitar un acuerdo reparatorio para que el imputado le restituya el dinero y así poner término a la causa penal. Además, puede demandar civilmente por perjuicios para obtener la indemnización total de los daños sufridos.

Conserve correos originales, registros de navegación, mensajes de redes sociales, capturas de pantalla, comprobantes de transferencia, registros de actividad sospechosa, y cualquier otro metadato relevante. No formatee dispositivos afectados hasta que sean periciados.

Debe denunciar el hecho de inmediato y reportar el perfil falso a la plataforma digital. Recopilar pruebas de la suplantación es clave para evitar responsabilidades legales por actos cometidos por el delincuente a su nombre.

Sí. Puede ejercer la acción civil en el proceso penal para exigir indemnización por el daño patrimonial y moral causado por el delito, una vez establecida la responsabilidad del autor.

Tiene derecho a recibir información clara y oportuna sobre la investigación y a solicitar medidas de protección ante posibles amenazas. Además, cuenta con el derecho a ser oído por el fiscal y el juez, a presentar una querella criminal para intervenir en el proceso y a exigir la reparación del daño sufrido mediante compensaciones económicas.

La Ley 21.459 es el marco legal que sanciona delitos relacionados con sistemas informáticos y deroga la antigua Ley 19.223. Esta normativa actualiza la legislación chilena para adecuarla al Convenio de Budapest. Fue publicada el 20 de junio de 2022 y establece tipos penales modernos y reglas procesales específicas.

Ataques a la integridad de sistemas o datos, acceso e interceptación ilícita, falsificación informática, receptación de datos, fraude informático y el abuso de dispositivos para delinquir.

El hackeo suele asociarse jurídicamente al acceso ilícito mediante la superación de barreras técnicas de seguridad. El phishing es una técnica de engaño o simulación para obtener claves o datos sensibles de la víctima. Por su parte, el fraude informático consiste en la manipulación de un sistema para obtener un beneficio económico causando perjuicio patrimonial.

Es entrar a un sistema sin permiso o excediendo el autorizado, vulnerando medidas de seguridad. La ley castiga la simple entrada o penetración del sistema, con independencia de si el autor permanece en él o sustrae información.

Chile aplica el Convenio de Budapest (Decreto 83) para la cooperación internacional, permitiendo la asistencia mutua y el acceso transfronterizo a datos bajo condiciones de reciprocidad.

Interviene de forma exclusiva en la dirección de la investigación una vez que toma conocimiento de un posible delito, coordinando con las policías y solicitando autorizaciones judiciales para medidas intrusivas. Puede actuar de oficio, por denuncia ante las policías o a través de una querella o denuncia. Su rol fundamental es recopilar los antecedentes necesarios para establecer la existencia del ilícito y la responsabilidad de los autores.

Son la prueba clave para explicar al tribunal la evidencia digital, asegurar que no hubo alteraciones y determinar la participación del imputado mediante el análisis técnico de los sistemas. El perito debe acreditar la autenticidad e integridad de la prueba, asegurando que no haya sido alterada mediante técnicas como el hash. Su labor es crucial para que el tribunal comprenda hechos que requieren conocimientos especializados.

El plazo judicial tras la formalización es de hasta 2 años. Sin embargo, las pericias forenses y pedidos de información al extranjero suelen hacer que la etapa inicial sea extensa.

Cuestionando la autoría (uso de IP por terceros), impugnando la integridad de la evidencia digital o demostrando ausencia de dolo, como en errores de operación del sistema.

Sí. Se puede atacar su validez si no se respetó la cadena de custodia, si los archivos no tienen integridad (hash) o si el acceso a los datos no fue autorizado judicialmente. La defensa puede solicitar la exclusión de la evidencia digital en la audiencia de preparación de juicio oral si no se respetaron los protocolos forenses de preservación o si hay dudas sobre su integridad.

Debe ser excluida. Por ejemplo, si se accedió a correos privados o nubes de almacenamiento sin la orden de un Juez de Garantía. La defensa puede ordenar realizar peritajes para demostrar que las claves de acceso fueron obtenidas mediante phishing o suplantación de identidad por un tercero, o que hubo acceso ilícito previo al sistema, o que la actividad fue realizada por un software malicioso sin conocimiento del usuario.

Sí, mediante peritajes que detecten malware de acceso remoto (RAT), analicen discrepancias en geolocalización de IPs o identifiquen patrones de comportamiento distintos al titular de la cuenta.

Procede si se demuestra que el hecho no es delito, que el imputado no participó o si, tras la investigación, no existen pruebas suficientes para sostener una acusación.

Sí, por atenuantes como la irreprochable conducta anterior o la “cooperación eficaz” que ayude a esclarecer los hechos o identificar a otros responsables. Otra vía es aceptar un procedimiento abreviado, donde el imputado admite su responsabilidad a cambio de una reducción significativa de la pena solicitada por la fiscalía.

No declare ante la policía sin un abogado. La fiscalía debe probar que usted realizó la acción y no solo que la conexión provino de su domicilio o dispositivo.

Sí. El acceso ilícito y la interceptación de información son delitos penales. Denuncie ante la PDI, Carabineros o el Ministerio Público, para que la fiscalía solicite los logs de conexión al proveedor. Es vital guardar capturas y registros de acceso sin manipular los archivos para facilitar un futuro peritaje informático.

Sí, es perfectamente posible ir preso. Acciones como fraudes, ataques a sistemas o difusión de datos privados tienen penas de cárcel efectiva según la Ley 21.459. Además, durante la investigación un juez podría decretar prisión preventiva como medida cautelar.

Documente el perfil falso y denuncie el hecho de inmediato para dejar constancia de que no es autor de los actos realizados bajo su nombre. Si usan su identidad para estafar o captar datos personales, se configura el delito de fraude o uso malicioso de credenciales. Como víctima, tiene derecho a solicitar medidas de protección y a presentar una querella para ser parte activa de la investigación penal.

Su defensa debe centrarse en lo técnico. Puede solicitar la exclusión de evidencia digital si fue obtenida ilegalmente, por ejemplo, mediante un allanamiento o interceptación sin orden judicial. Un perito puede analizar la prueba de la fiscalía para encontrar fallas en la cadena de custodia o explicar orígenes de conexión alternativos. En delitos menores, puede negociar una salida alternativa para poner fin al proceso sin condena efectiva en su registro.

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